Le paralizan la construcción de una fuente "cibernética" (sic) en el puerto del Comercio por no solicitar permiso al concello de Vigo ni comunicárselo en tiempo y forma. Además, sabe (o debiera saber), que las obras que no son estrictamente de conservación o construcción de equipamentos portuarios precisan de permiso municipal. Y si no lo sabe, sabe o debiera saber que las obras deben ajustarse al plan de usos del puerto, cuya modificación no es complicada.
Y ahora, puesto que no le llega con todas sus meteduras de pata, insiste en montar chiringuitos con fines recreativos y no portuarios, según ella misma declara, en el muelle de la fruta. ¿Cuántos frentes pretende abrir al mismo tiempo? ¿También será necesario que un juez le paralice el trabajo para poder asegurarnos de que se realiza correctamente? ¿O esta vez también le llegará con que los empresarios (parte interesada) le exijan su ejecución inmediata? ¿A quién le echará la culpa esta vez? ¿A los jueces? ¿Al alcalde? ¿A los feos?

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